PRONUNCIAMIENTO

La reciente noticia sobre la muerte accidental de un adolescente en una escuela de Villa El Salvador, ha conmocionado a sus familias, a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

El Grupo Impulsor para Eliminar la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes lamenta profundamente el hecho, expresa su solidaridad con las familias de los adolescentes víctimas, y llama la atención de los padres, las madres, las familias y las autoridades para que puedan disponer de medidas adecuadas que eviten que se produzcan hechos lamentables como éste.

De igual modo, el Grupo Impulsor expresa su profunda preocupación por el tratamiento que se viene dando al caso y las medidas judiciales adoptadas en relación al adolescente autor del hecho; y está convencido que cualquier medida legal a ser aplicada debe estar en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de Niñez y Adolescencia y con el Sistema Universal e Interamericano de protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y atendiendo al Interés Superior del Niño, el Grupo Impulsor demanda la implementación de las siguientes medidas:

1. Las autoridades educativas deben tomar las medidas necesarias para evitar hechos similares y supervisar de forma permanente el cumplimiento de las normas de convivencia escolar en las instituciones educativas públicas y privadas.
2. Las autoridades educativas también deben desarrollar acciones de promoción de una cultura de paz en el colegio y en la comunidad; así como sobre la prevención del peligro y riesgos que existen por el uso de armas en menores de edad, comprometiendo a las familias y estudiantes en las mismas.
3. Las autoridades competentes deben brindar todo el apoyo correspondiente a las víctimas y sus familias.
4. Las autoridades judiciales deben garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo en el marco del Interés Superior del Niño y los principios y garantías del sistema penal juvenil.
5. Las autoridades fiscales y judiciales deben tener en cuenta que la internación preventiva tiene un carácter excepcional, sobre todo en menores entre 14 y 16 años; por lo tanto, es una medida de último recurso y debe estar debidamente motivada. En este caso concreto, estando a la ausencia de elementos de convicción que demuestren un peligro de fuga y obstaculización a la actividad procesal, la medida es desproporcionada, por lo que se debe revocar.

El Grupo Impulsor considera que esta es una oportunidad para sacar lecciones y desarrollar acciones informativas y educativas para prevenir que estos hechos ocurran nuevamente.